Subvención bajo sospecha

Las autoridades judiciales indagan sobre la subvención concedida, años atrás, para el Gimnasio Municipal de Iznatoraf. El importe recibido, en abril de 2013, fue de 17.829,35 euros en concepto de adquisición de equipamientos para las instalaciones públicas. Un auto de la sección segunda de la Audiencia Provincial insta al Juzgado de Instrucción número 2 de Villacarrillo a investigar el asunto. El documento, de hace unos meses, asegura literalmente: “Se hace necesario, por tanto, investigar si hubo o no disposición de fondos públicos de forma indebida, es decir, si hubo malversación, por lo que procede la continuación de las actuaciones a fin de completar la investigación iniciada tanto respecto a los hechos como los autores, en tanto en la fecha de la adjudicación se alega había otro alcalde”. En concreto, el tribunal provincial estima que no se había practicado diligencia relativa a aclarar el destino de la ayuda recibida por el Ayuntamiento ni sobre la legalidad del procedimiento de adjudicación.

Una particular presentó una denuncia contra los responsables municipales torafeños sobre la situación del gimnasio y, en noviembre de 2016, el juzgado villacarrillense dictó el sobreseimiento del caso. Sin embargo, tanto la vecina como la Fiscalía recurrieron esta decisión, lo que motivó que la Audiencia ordenara que se reabrieran las diligencias. En su día, la persona que promovió las acciones legales alertó de supuestas irregularidades en la adjudicación y gestión de la explotación del servicio municipal. En el archivo se tuvo en cuenta la documentación remitida por el secretario, al no apreciarse indicios delictivos, pues la adjudicación fue realizada por el anterior alcalde y la denuncia se interpuso contra la actual. En este sentido, el órgano de Primera Instancia constató el empleo del procedimiento negociado sin publicidad y asignación a la mayor postura, con el establecimiento de un canon anual de 360 euros más los gastos de agua y luz. El contrato fue resuelto por la actual munícipe, con el respaldo del pleno, al no haber pagada la adjudicataria nada. La empresaria renunció y, aparte de entregar la maquinaria, pagó al Ayuntamiento la diferencia por el dinero no abonado desde el principio. La deuda se compensó con la maquinaria adquirida por ella y que se quedó en el inmueble. En la sesión plenaria, se afirmó que habría que devolver a la Junta de Andalucía los 20.000 euros de subvención para equipamiento. La instructora consideró que no había fraude al no superar la cuantía el límite objetivo que puede castigarse y que tampoco se había acreditado malversación. La alcaldesa, torafeña, Antonia de la Paz, quien sustituyó en la actual legislatura al también popular Pedro Magaña, declinó hacer declaraciones.