Tomar la iniciativa en la PAC

El ministro de Agricultura cree que España tiene que estar en el “pelotón de cabeza”

23 ene 2019 / 12:29 H.

El Gobierno y las comunidades autónomas pactan adelantar e iniciar este año los trabajos para elaborar el Plan Estratégico Nacional para la futura Política Agrícola Común (PAC) de 2021-2027, cuyas negociaciones se retrasarán, y así estar en el “pelotón de cabeza” de los países miembros que presenten estos planes ante la Comisión Europea. “España tiene que estar en el pelotón de cabeza y debe ser de los primeros países de la UE en presentar su plan estratégico nacional. Las comunidades autónomas han mostrado su apoyo a esta decisión. Eso nos permitirá tener una perspectiva de avance y marcar el paso y el terreno a los que nos sigan, y no ser los últimos, que son los que reciben las bofetadas. Ha llegado el momento de diseñar el futuro de la PAC en España para la próxima década”, asegura el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, tras la reunión extraordinaria del Consultivo de Agricultura que tuvo lugar ayer en el departamento.

De esta forma, adelanta la creación de un grupo de trabajo específico, que empezará a trabajar en febrero sobre la rentabilidad del campo, los jóvenes y el enfoque de género, y donde estarán presentes miembros del Gobierno, las comunidades autónomas y representantes del sector, y que contará con la “gran novedad” de que se invitará también a la Comisión Europea para que tome parte en la primera reunión de trabajo.

Planas explica que el periodo de elaboración de este plan estratégico nacional llevará entre 18 y 20 meses de trabajo “arduo” para que posteriormente la Comisión Europea, en un plazo de seis meses, lo pueda aprobar. “No supone ningún cambio en el régimen de competencias entre el Estado y las regiones, que van a participar en todo el proceso”, precisa. El ministro de Agricultura subrayado también que la jornada celebrada ayer fue “muy intensa”, pero donde se llegó a un amplio consenso entre las comunidades que estaban presentes y el Gobierno en algunos aspectos como en la definición de agricultor genuino, en el “capping” y en la regresividad propuesta por la Comisión Europea, en la ayuda básica a la renta, en la incorporación de los jóvenes, así como en las medidas de acompañamiento para que permanezcan en el territorio, entre otras iniciativas.

Luis Planas vuelve a reiterar que pide una futura PAC “fuerte” y que conserve su presupuesto actual, por lo que subraya la necesidad de elaborar este plan estratégico nacional en el que “jueguen un papel clave las comunidades autónomas”, donde se trabaje por el apoyo al relevo generacional, el impulso al papel de la mujer y la perspectiva de género.

Respecto a las negociaciones de la futura PAC, Planas señala que espera que el acuerdo sobre el nuevo marco financiero se alcance previsiblemente este otoño, mientras que las elecciones al Parlamento Europeo de mayo supondrán una ralentización del calendario negociador, por lo que la futura PAC no entraría en vigor hasta 2022 o 2023. El titular de Agricultura recalca la “importancia de estos fondos” para los agricultores y ganaderos nacionales, ya que España recibe alrededor de unos 6.600 millones de euros anuales de la PAC, que benefician a más de 770.000 perceptores.

Por otro lado, el titular de Agricultura subraya que en el caso de que Reino Unido salga de una “forma abrupta” de la UE, los agricultores y ganaderos recibirán sus ayudas “como estaban previstas”, ya que el problema vendrá en cómo “se reajusta el presupuesto” tras su marcha.

La Política Agrícola Común (PAC) es una de las políticas más importantes de la Unión Europea y uno de los elementos esenciales del sistema institucional de la UE. La PAC gestiona las subvenciones que se otorgan a los agricultores y ganaderos de la Unión Europea.

La PAC absorbe aproximadamente el 40% del presupuesto de la UE, debido a que la política agraria común es uno de los pocos sectores cuya política está financiada principalmente por la UE. La mayoría de las demás políticas públicas, por el contrario, reciben su financiación, fundamentalmente, de los Estados miembros. En realidad solo constituye el 1% de todo el gasto público de la Unión Europea. En 2014 representó en torno a los 58.000 millones de euros.