Tres informes “dan vía libre” a la reconversión de la orujera

Los seis concejales del PP, los dos de Ciudadanos y el representante de IU, es decir, los nueve ediles que conforman la oposición en el Ayuntamiento de Baeza, estuvieron de acuerdo ayer en un pleno monográfico, dedicado al proyecto de reconversión de Oleícola Jaén, propietaria de la orujera de la fachada sur de la ciudad Patrimonio de la Humanidad, conocida por sus humos, malos olores y las pasiones políticas que levanta. Por encima de diferencias ideológicas, los partidos que tienen enfrente los socialistas baezanos respaldaron su exigencia común en tres informes, emitidos, respectivamente, por la Diputación, la Consejería de Medio Ambiente y el Colegio de Arquitectos. Estos documentos, de hecho, se solicitaron en dos ocasiones por parte del Gobierno local, con idéntica respuesta, según el portavoz del PP y exalcalde, Javier Calvente.

Con su unión, los tres grupos dejaron en minoría al PSOE, con ocho representantes, e instaron a la alcaldesa, Lola Marín, a admitir a trámite la propuesta de la empresa y a redactar, a la mayor brevedad, el plan urbanístico que dé cabida a este proyecto. Eso sí, al ser potestad de la regidora que la petición de la sociedad comience a tramitarse y, una vez que se negó expresamente a ello, con su voto negativo, el acuerdo es inútil, tal y como juzgó el edil de IU, José Manuel Tenorio. En un anterior pleno, celebrado en mayo, hubo un compromiso unánime en este sentido, que no se ha cumplido, tal y como apunta este político, que admitió que se temía el resultado de la votación y criticó al PSOE por demorar los trámites.

La clave para entender la controversia está en la enorme distancia entre las gestiones del Gobierno local y lo que le reclaman el resto de partidos y la empresa. El equipo que dirige Lola Marín apuesta porque se termine de redactar un plan especial sobre la protección de la zona sur del casco urbano, donde se ubica la fábrica desde hace más de treinta años. El texto, aclara la alcaldesa, desarrolla el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y su borrador, una vez revisado por Medio Ambiente, está a punto de llegar a manos de la Administración local para, posteriormente, aprobarlo.

La idea de Marín es que esta norma esté ya lista para que, así, el proyecto de Oleícola Jaén se adapte plenamente. “Al convocar este pleno el PP y Ciudadanos quieren arrogarse una competencia de la alcaldesa. No tomo decisiones por mi cuenta, vienen refutadas y apoyadas en los informes de los técnicos municipales, que son preceptivos, y no entiendo esta sesión si no es para hacer un teatro”, argumenta Lola Marín. La regidora habla abiertamente de “presiones” y “hostigamiento” de Oleícola Jaén y la oposición a la labor técnica y de responsables municipales. “Es una empresa más y tendrá el mismo trato que cualquiera”, reflexiona.

Pero la representante del partido naranja, Antonia Martínez, cree que ahí está precisamente el obstinamiento de los responsables municipales, puesto que el proyecto tiene perfecta cabida en el PGOU, sin necesidad de aprobar el documento que se centra específicamente en la fachada meridional de la ciudad. “No quiero pensar que la alcaldesa trate de demorar intencionadamente los trámites, porque me imagino que, como yo y el resto de compañeros, busca ayudar a los ciudadanos con la política”, sostiene la concejal, perpleja, eso sí, por la tardanza en la admisión a trámite. Martínez niega haber “perdido las formas”, aunque sí admite haber insistido en que se realizaran algunas aclaraciones sobre los informes de la Administración local. El Ayuntamiento, en un comunicado, calificó su intervención como “subida de tono”. El popular Javier Calvente recuerda que, el pasado diciembre de 2015, fueron citados todos los portavoces, asesores y representantes de la aceitera para prometerles que, según sus palabras, “en diez días se aprobaría el plan especial”. Para explicar la paralización del proceso y el resultado del pleno, el líder del principal partido de la oposición municipal sostiene: “Se escenifica claramente el empecinamiento de la alcaldesa para no hacer viable el proyecto que implica el desmantelamiento de los tres secaderos de orujo. Pedimos el pleno porque la alcaldesa ya no es de fiar con este asunto”, critica y, esta línea, aclara que el punto 11.161.7 del PGOU habilita perfectamente la transformación de la empresa. “La trampa está en que el plan especial es contradictorio al PGOU y que, con su aprobación inicial, se suspende la concesión de licencias durante dos años. Es una medida disuasoria, para no aprobar nada”, denuncia Javier Calvente.