Impuestos y corrupción

    13 abr 2024 / 10:31 H.
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    Cada año con la llegada de la primavera, los campos se visten de verdor, las plantas se llenan de flores que son promesa de nuevos frutos, renace la vida por doquier y todos los seres sienten la necesidad de conservar y transmitir esa vida cuyo valor está escrito en los genes. Es tiempo de nacer, crecer, educar, cuidar, construir, asegurar, disfrutar y sembrar para el futuro. Como todos intuimos, esas tareas ineludibles en las que nos afanamos, además de satisfacer las necesidades de toda la sociedad, contribuyen al bienestar común y a la perpetuación de la vida. Para conseguir que todo funcione y se ejecuten de forma ordenada, eficaz y con resultados óptimos para todos se necesita allegar recursos y como es obvio dichos recursos hemos de aportarlos todos y cada uno de nosotros en función de los ingresos y la capacidad económica de que dispongamos. La manera más eficaz que la sociedad ha encontrado para resolver este problema de recursos que se llama gasto público es hacerlo a través del pago de impuestos, que curiosamente a pesar de que se realiza a lo largo de todo el año de una u otra manera, también a la llegada de la primavera, tiene establecido un punto de control por medio de la declaración correspondiente que nos reclama la Hacienda Pública.

    En la página web de la Agencia Tributaria hay un apartado a modo de Guía didáctica, dónde nos explican, en primer lugar, que los ingresos públicos, o sea, los impuestos son esas cantidades de dinero que los ciudadanos están obligados a pagar por ley para financiar las necesidades públicas, y a continuación y con bastante detalle nos ofrecen una relación de aquellos servicios que constituyen el gasto público, entre los que se incluyen los servicios sanitarios (hospitales, centros de salud, equipos y aparatos médicos, medicamentos, sueldos del personal sanitario), educación pública (construcción de centros escolares, compra de material didáctico, equipos, mobiliario, sueldos de personal docente), seguridad y defensa (policía, bomberos, protección civil, Fuerzas Armadas), pago de las pensiones, prestaciones de desempleo, ayudas de carácter social, construcción y mantenimiento de infraestructuras (carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos), servicios varios (abastecimiento de agua potable, recogida de basuras, transportes públicos), servicios culturales y recreativos (equipar y mantener museos, bibliotecas, parques, jardines, instalaciones deportivas). Luego nos explican cómo se distribuye ese gasto, qué proporción se invierte en cada uno de los servicios relacionados y la función redistributiva de ese gasto público que se fundamenta en la Constitución, El principio de equidad supone la garantía de una satisfacción mínima de las necesidades públicas y la ausencia de toda discriminación o arbitrariedad. Por último, insiste la Agencia Tributaria y nos recuerda que (cito textualmente): “El gasto público es el empleo de caudales públicos para la satisfacción de necesidades públicas. Los gastos públicos deben regirse por el principio de equidad y cumplen una función de redistribución de la renta”.

    Para mi sorpresa y por mucho que he buscado no he encontrado ninguna forma de explicar que la equidad entre todos los ciudadanos permita diferencias de trato en función del lugar donde se reside excepto la diferencia fiscal, que supone la existencia del Cupo Vasco y el Régimen Foral de Navarra, que se fundamenta en la disposición adicional primera de la Constitución, que acato, pero considero desleal y discriminatorio con el resto de los españoles.

    A tenor de lo expuesto hasta ahora, se puede afirmar que otros usos espurios del fondo común que son los impuestos, como podría ser, pagar sobreprecio en contratos públicos para recibir comisiones, amnistiar delitos fiscales, eludir controles fiscales montando un sistema fraudulento para repartir subvenciones, organizar referéndums ilegales y pagar embajadas que no proceden, por no citar otros casos de rabiosa actualidad, parecen ejemplos claros de corrupción y malversación que deberían ser castigados según la ley, nunca indultados y mucho menos amnistiados, sobre todo cuando los encausados repiten una y otra vez que lo volverán a hacer. ¡Paguemos impuestos, votemos en consecuencia y disfrutemos de la primavera!

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